Ciudad de México / Redacción:
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que en lo que va de la actual administración, y a través del programa de Asistencia jurídica en casos de pena capital en Estados Unidos, logró evitar o revertir la pena de muerte en 126 casos.
«Ningún mexicano sentenciado fue ejecutado», indicó durante la ceremonia Consulados en América del Norte: transformando sus servicios y protección a personas mexicanas, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE.
Por su parte, en su mensaje, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, sostuvo que, «como posición esencial», México está en contra de la pena de muerte.
«Sabemos que en muchos de los casos en Estados Unidos hay un sesgo en contra de nuestros connacionales o desventaja porque no se maneja el idioma o porque no tienes acceso a los servicios legales a tiempo», señaló el Canciller.
Además, durante el encuentro se anunció que próximamente iniciará el programa denominado Defensoría a personas mexicanas en materia penal, que tiene como objetivo defender legalmente a paisanos presos en Estados Unidos que «purgan penas excesivas».
«Ha sido una encomienda, una insistencia del Presidente (Andrés Manuel) López Obrador, que pongamos atención a eso, que mejoremos el respaldo, que tenga mayor cobertura, que tenga eficacia. Llegó a hablar de que fuéramos una procuraduría de defensa de nuestras y nuestros connacionales, es lo que queremos construir, es lo que va construyendo: defender a nuestros connacionales y proteger sus intereses en Estados Unidos», destacó Ebrard.
En tanto, el jefe de Unidad para América del Norte enfatizó que «es único en el mundo, ningún otro país tiene una política así».
«Es un programa institucional que brindará protección consular a personas que enfrentan procesos legales penales graves, dada la complejidad del sistema, la especialización que requiere esa representación y los costos de ese tipo de casos. El programa va a atender a personas mexicanas que enfrenten procesos penales por delitos graves en los que no han admitido su culpabilidad y que existan elementos legales suficientes para presumir su inocencia, que hayan recibido sentencias desproporcionadas por injusticias del sistema y que pertenezcan a poblaciones vulnerables», detalló Velasco.
